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La convertibilidad desaparece y se crean dos mercados de cambio. En el oficial el valor del dólar se fijará en 1,40 peso. En este mercado se negociarán las divisas derivadas del comercio exterior —importaciones e importaciones— y también las correspondientes a servicios y movimientos de capitales. En el mercado libre se negociarán las divisas vinculadas al turismo. El Gobierno espera que la cotización del mercado libre no difiera mucho del tipo de cambio oficial. En una segunda etapa se pasará a un tipo de cambio flotante, que se descartó inicialmente para dar certidumbre. Esto ocurrirá cuando se logre la convergencia entre el tipo de cambio oficial y el libre.

Las préstamos con las entidades bancarias por montos iniciales no superiores a los 100 mil dólares se transformarán automáticamente en pesos. De esta manera, los deudores continuarán pagando la misma cuota. En el caso de los créditos hipotecarios, la condición es que se trate de créditos destinados a la compra o refacción de vivienda familiar única. En el de los prendarios se contempla sólo la compra de automotores. Gozan del mismo tratamiento los créditos personales y los destinados al desenvolvimiento de las pequeñas y medianas empresas.

El Gobierno prevé también un tratamiento especial para los créditos que no se pesifican. Son aquellos que superan los 100 mil dólares y también los préstamos hipotecarios no destinados a vivienda única —aunque no superen los US$ 100 mil— y de los prendarios no vinculados a automotores. El Gobierno se compromete a impulsar que estos créditos se beneficien con una baja en la tasa de interés y un estiramiento de los plazos, de modo que no haya mucha variación en el monto de la cuota.

Las deudas correspondientes a consumos con tarjetas de crédito y de débito podrán ser canceladas en pesos. La excepción son los pagos correspondientes a consumos realizados en el exterior del país, que se abonarán en dólares. En cuanto a los saldos deudores pendientes de pago hasta la fecha de promulgación de la nueva ley podrán ser cancelados en su totalidad en pesos con el tipo de cambio vigente hasta entonces, es decir, un dólar igual a un peso. Esta decisión traerá tranquilidad a muchas personas que no pudieron cancelar los saldos deudores de sus tarjetas, ya que se temía que los mismos, especialmente los originados en el exterior, deberían ser cancelados en dólares o al nuevo tipo de cambio.

El Gobierno no se comprometió aún con un cronograma para el retiro de los depósitos de los bancos. Aseguró que se preservará el capital de los depósitos en la moneda originaria, tanto en lo que se refiere a dólares como a pesos, pero no hubo precisiones sobre la tasa de interés. La intención es ampliar la posibilidad de realizar retiros, particularmente en las cuentas sueldo. Hoy se confirmará la ampliación de los retiros en estas cuentas hasta 1.500 pesos. Respecto del resto de las cuentas, las restricciones se irían levantando a medida que el sistema financiero se regularice. Es claro que el tiempo para lograr este objetivo no puede precisarse. Se comenzará con la devolución de los depósitos a los ahorristas más pequeños.

La pesificación de una parte importante de los créditos mientras se mantienen los depósitos en la moneda original representará un quebranto para las entidades bancarias. El Gobierno establecerá medidas compensatorias para evitar esos desequilibrios. La solidez del sistema financiero es también de interés de los ahorristas, que mantienen obligadamente en él sus depósitos. A ese efecto, la ley autoriza al Poder Ejecutivo a emitir títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera que serán garantizados con derechos de exportación sobre los los hidrocarburos por el término de hasta cinco años. A ese mismo destino podrán asignarse otros recursos, incluidos préstamos obtenidos en el mercado internacional.

Los contratos de alquiler vigentes se traducirán a pesos y se mantendrán por 180 días. Los desembolsos se tomarán como un pago a cuenta de una renegociación que deberá realizarse en un lapso no mayor a 180 días desde que se sancione la ley. Cuando se acuerden las nuevas condiciones se compensarán las diferencias entre los pagos a cuenta y los valores definitivamente acordados. Si no se llega a un acuerdo, ambas partes quedan facultadas a seguir los procedimientos de mediación vigentes. Este mecanismo vale también para otros contratos privados.

Los salarios del sector público y privado se mantendrán sin cambios. Tampoco se ajustarán las jubilaciones y pensiones. De ese modo, el salario real caerá en la misma medida en que suban los precios. Pero durante 90 días las empresas no podrán realizar despidos sin causa. Si lo hacen la indemnización deberá duplicarse. No hay definiciones sobre el recorte del 13% sobre los salarios del sector público y las jubilaciones.

Las tarifas de los servicios públicos se desdolarizan y se desindexan. Los valores actuales se mantendrán, eliminándose su vinculación con el dólar y la indexación por los precios de los Estados Unidos. El Ejecutivo queda autorizado a renegociar los contratos con las empresas prestadoras, bajo el control de una Comisión Bicameral. Los nuevos contratos deberán ser enviados al Congreso para su aprobación. Las empresas no podrán suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones.

No existirá control de precios. Cada empresa puede fijarlos libremente, pero el Gobierno se comprometió a vigilarlos a efectos de minimizar el impacto de la devaluación y su repercusión sobre el salario. El Poder Ejecutivo queda facultado para regular, en forma transitoria, los precios de insumos, bienes y servicios críticos con el fin de proteger los derechos de los usuarios y consumidores. Se quiere evitar la distorsión de los mercados o acciones de carácter monopólico.